Dijo que la única manera posible de distinguirlas de las auténticas es a través de las auditorías que realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las empresas, pero advirtió que, pese a sus esfuerzos, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda no tiene recursos suficientes para auditar a todas las empresas.

Los que están en ese negocio inundan el mercado y sólo los puedes detectar a través de auditorías; y cuando llega a la auditoría se encuentra un enjambre de empresas que se han cruzado facturas. Cuando llegas a la última factura, se encuentra una empresa pyme cuyos activos son de 500 pesos y quién sabe dónde esté el domicilio”.

Ante esta situación, consideró necesario que los gobiernos estatales y municipales coadyuven con el SAT a combatir ese problema, al que se refirió como “un cáncer que no han podido detener”.

Según datos del Servicio de Administración Tributaria, de 2005 a marzo de 2017 se han emitido 28,275.7 millones de facturas; y desde 2011, año a partir del cual se tiene registro de los emisores, 6.633 millones de contribuyentes han emitido al menos una factura electrónica.

De acuerdo con la misma fuente, sólo de enero a marzo de 2017 se emitieron 1,551.2 millones de facturas, 4.2% más que en el mismo periodo de 2016, lo que es igual a un promedio de 199 documentos por segundo, de acuerdo con el propio organismo.

En su edición del 7 de marzo Excélsior publicó que el valor de las operaciones inexistentes realizadas por empresas “fantasma” ascendió a 900,000 millones de pesos, según declaraciones del jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quiroz.

Para entonces, dicho monto fue mayor en más de 207%, en comparación con el reportado por el organismo el 30 de septiembre de 2016, y documentado por este diario en la edición del sábado 1 de octubre.

En esa fecha, el Administrador General de Auditoría Fiscal, Ernesto Luna, reveló que el SAT investigaba a 13,000 empresas, de las cuales al menos 10,000 no cumplían con requisitos legales y facturaron operaciones inexistentes por un monto de 293,000 millones de pesos.