Agilizarán cobro de pensions alimenticias.

El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo firmaron un convenio de colaboración en favor de los justiciables, para la mejora de procesos administrativos en materia de consignación y pago de pensiones alimenticias.

Reforzando el objetivo institucional de propiciar una justicia más accesible, el Poder Judicial de Nuevo León de manera conjunta con el Poder Ejecutivo, hizo el esfuerzo de instrumentar un esquema más cercano a las familias implementando un proceso que hará más accesible la forma de realizar la consignación y pago de pensiones alimenticias, a través de instituciones bancarias.

En el convenio se establece que el Poder Ejecutivo implementará un esquema administrativo para que la consignación y pago de las pensiones alimenticias, provisionales o definitivas, a cargo de los deudores alimentistas y en beneficio de sus respectivos acreedores, se pueda realizar mediante transacción en instituciones bancarias y no sólo en las oficinas de la Tesorería del Estado.

El Poder Judicial a través de sus órganos jurisdiccionales, informará los asuntos de su competencia que tienen la opción de depositar y/o recibir el pago de las pensiones alimenticias, provisionales o definitivas, en las instituciones bancarias habilitadas por el Ejecutivo, y en los casos en que las partes del juicio hayan optado por este esquema se informará para efectos de registro y control.

Con este nuevo proceso, ahora el acreedor alimentista podrá optar porque su pensión se le deposite en una cuenta bancaria o pueda cobrarla en algún banco. No es necesario que el usuario tenga una cuenta, ya que podrá cobrar solamente identificándose ante el empleado del banco, ya que Tesorería mandará la orden de pago como “no cliente”; sin embargo si el acreedor alimentista tiene cuenta será mucho más sencillo, porque el depósito le llegará a su cuenta y tendría el dinero disponible desde que se le deposita.

Con este esquema se busca que recibir la pensión alimenticia no represente un costo para el acreedor al realizar gastos en traslados de su domicilio al juzgado, del juzgado a la Tesorería para cobrarlo y, finalmente, traslado de la Tesorería a su domicilio. Esto, sin considerar la inversión del tiempo y que la mayoría de las veces el acreedor va acompañado de sus menores hijos.

El convenio fue signado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; así como por el licenciado Carlos Alberto Garza Ibarra, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado; en presencia de consejeros de la Judicatura, magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia.

Al señalar que con el intercambio de información y comunicación entre los dos Poderes se puede generar un impacto positivo en la población, el Secretario de Finanzas expresó que “el objetivo de la firma de este convenio es poder ofrecer a los acreedores alimenticias la opción de que los depósitos los puedan cobrar directo en la ventanilla de un banco o que se depositen en una cuenta de ellos para eliminar las vueltas a los juzgados y a la tesorería”.

Agregó que el esquema a través del cual se realizarán los pagos ya está diseñado como resultado de reuniones previas de trabajo con jueces, juezas y magistradas de la materia familiar.

“Estamos ya en proceso de realizar los ajustes informáticos para en breve tiempo hacer las pruebas piloto y causar un impacto positivo en las familias”, dijo.

El magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz comentó que con el convenio, además de beneficiar a las familias, se propiciará descongestionamiento y mayor eficiencia en los juzgados al cumplir con el trámite sin ocupar personal o espacio físico para ello.

Detalló que más del 80 por ciento de los certificados de depósito son por cantidades inferiores a dos mil pesos, y el gasto en traslados implica el destinar una porción de la misma pensión que se cobra.

“La mayoría son madres que cobran el dinero para la manutención de sus menores hijos, que el 80 por ciento de los certificados son cantidades inferiores a los 2 mil pesos mensuales, por lo que trasladarse al Juzgado, a la Tesorería y hacer los demás trámites implica a la madre de familia consumir una proporción importante del recurso que va a recibir para la manutención de sus hijos”, puntualizó Arenas.

Para dimensionar el tamaño del beneficio que generará este esquema, el magistrado precisó que en el año 2016 se recibieron un total de 17,911 certificados de depósito por concepto de consignación de pensión alimenticia y en lo que va del año se han recibido 7,527. Esto significa un promedio mensual de 1,496 certificados.

Con la firma del convenio alrededor de mil 200 familias se verán beneficiadas mensualmente al acceder de una manera más accesible al cobro de la pensión alimenticia.

“Ese es el impacto que tendrá este proyecto, va a beneficiar mensualmente a mil 181 familias las cuales podrán acceder de una manera más accesible, más sencilla, más económica; sin comprometer su tiempo ni sus recursos económicos, a la cobro de la pensión alimenticia”.

El gobernador Jaime Rodríguez felicitó a los involucrados en el proyecto por desburocratizar trámites y beneficiar a los justiciables, al referir que con este tipo de acciones el Poder Judicial sigue siendo ejemplo a nivel nacional.

“Es una idea del Poder Judicial, es un proyecto del Poder Judicial y, evidentemente, nosotros estamos encantados de que así lo hagan”, expresó.

“Hoy demuestra el Poder Judicial que es sensible a los problemas de la comunidad, muchas felicidades por ello.”, agregó al señalar que “todo lo que sea quitarle a la gente problemas hagámoslo juntos. Estamos dispuestos a ello y a fortalecer el trabajo de ustedes. Cuenten con nosotros, con todo el Gobierno para lo que sea necesario”.

En el convenio se precisa que las partes se suministrarán recíprocamente, a través de medios electrónicos, toda la información que requieran respecto de las actividades y funciones en las que deban intervenir para la consignación y pago de las pensiones alimenticias, provisionales y definitivas, en el ejercicio de sus atribuciones.

Se establece también, que se tomarán todas las medidas de protección y seguridad necesarias para que la información sea debidamente resguardada y custodiada.

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